Efectos económicos e infraestructura de contingencia
Ochoa evaluó el impacto simultáneo del alza
internacional del precio del crudo y la rotura del ducto de Camisea en
Megantoni. Explicó que este escenario ha repercutido en más o menos 0.2 % del
PBI nacional solamente por el efecto de esos días de paralización. "Hemos
visto los efectos desastrosos en la economía", afirmó, destacando la vulnerabilidad
del sistema debido a la dependencia de una única infraestructura de transporte.
Para mitigar futuros eventos similares, planteó la
necesidad de implementar soluciones de contingencia. Señaló que lo que se debe
hacer inmediatamente es implementar una planta de regasificación y
almacenamiento de gas natural, mencionando la zona de Melchorita, en Cañete,
como una opción viable. Precisó que una obra de esta naturaleza demandaría un
tiempo de ejecución de entre 12 y 18 meses con una inversión estimada de 500 a
600 millones de dólares.
Sobre las responsabilidades en el reciente
desabastecimiento, Ochoa confirmó que Osinergmin ya entregó al Ministerio de
Energía y Minas los informes que detallan las faltas del operador privado.
Detalló que "el contrato estipula que en un año debe abastecerse el 99 %
del tiempo". Además, precisó que el servicio puede interrumpirse máximo
casi cuatro días, pero en este caso la interrupción duró 13 o 14 días.
Reestructuración administrativa de Petroperú
En relación con Petroperú, el experto consideró que la
empresa enfrenta una situación compleja por la falta de capital de trabajo para
adquirir petróleo crudo, lo cual le impide aprovechar los actuales márgenes de
refinación internacional que bordean los 40 dólares por barril. Ante la consulta
sobre un reciente aval estatal solicitado por la compañía, indicó que esta
medida representa una especie de respiro financiero necesario para la operación
técnica de sus plantas.
Ochoa manifestó estar de acuerdo con la necesidad de
emprender una reestructuración interna en Petroperú, la cual incluya la venta
de activos no esenciales y la revisión de sus planillas, calificando como
inaudito que el sector sindical solicite utilidades dada la situación de la
empresa. Sin embargo, expresó su desacuerdo con cualquier mecanismo orientado a
la venta de la Refinería de Talara, tal como lo habilitaría el Decreto de
Urgencia 010. "Lo que simplemente piensan es hacer el primer activo en
privatizar la refinería de Talara", indicó, para luego agregar que el
Estado se quedaría con la deuda de lo que ha costado la obra y la estaría
transfiriendo a un tercero.
Puedes ver el programa completo en el siguiente enlace:
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