En una reciente entrevista para La Hora del Economista, el economista Arturo García, exgerente general adjunto del Banco Industrial, docente de posgrado de ESAN y Director Tesorero del Colegio de Economistas de Lima, analizó las principales medidas que el nuevo gobierno de Keiko Fujimori debería priorizar para consolidar el crecimiento económico, fortalecer la inversión privada y mejorar la competitividad del país, tras el inicio de una nueva gestión y el reciente mensaje presidencial del 28 de julio.
Durante el diálogo, destacó la importancia de preservar la estabilidad macroeconómica, impulsar la productividad de las micro y pequeñas empresas y modernizar la gestión del Estado como base para generar más empleo y bienestar.
Al iniciar su participación, el Director Tesorero del CEL señaló que el Perú mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos, construidos durante las últimas décadas, los cuales constituyen una base importante para impulsar una nueva etapa de crecimiento económico.
“Hoy Perú tiene sólidos fundamentos económicos reconocidos en la región”, afirmó, destacando que el país conserva fortalezas macroeconómicas que, acompañadas por un entorno favorable para la inversión, permitirían alcanzar mayores niveles de desarrollo.
En ese sentido, sostuvo que el principal desafío del nuevo gobierno será aprovechar esas fortalezas para reducir brechas sociales sin descuidar la estabilidad económica.
“La inversión es la que genera empleo y crecimiento”, señaló al explicar que la expansión de la actividad económica depende, principalmente, de la capacidad de atraer nuevas inversiones y generar confianza en los agentes económicos.
Asimismo, indicó que la estabilidad política será un factor determinante para mejorar el desempeño económico del país durante los próximos años.
“Yo creo que podemos crecer a tasas definitivamente entre 5 y 6% en estos próximos años”, manifestó, indicando que dicho objetivo será posible siempre que se mantengan los fundamentos macroeconómicos, se fortalezca la inversión privada y se continúe cerrando brechas sociales.
Respecto a la sostenibilidad fiscal, García explicó que el crecimiento económico permitirá financiar los compromisos asumidos por el Estado en materia de infraestructura, programas sociales y servicios públicos, siempre que se preserve una adecuada disciplina fiscal.
“Uno, mantener los sólidos fundamentos que tenemos. Dos, promover la inversión privada, porque eso va a generar más crecimiento”, sostuvo al referirse a las condiciones necesarias para asegurar una reactivación económica sostenible.
Durante la entrevista también abordó el incremento de la remuneración mínima vital anunciado por el Gobierno. Al respecto, explicó que cualquier ajuste salarial debe considerar la realidad de las micro y pequeñas empresas, responsables de la mayor parte del tejido empresarial del país.
“El 98.5% de empresas son micros y pequeñas empresas”, recordó, indicando que un incremento excesivo del salario mínimo podría afectar especialmente a este segmento, reduciendo la formalización y limitando la generación de empleo.
En esa línea, consideró que una actualización gradual del salario mínimo resulta más adecuada para preservar la sostenibilidad laboral.
“Es bueno ir aumentando el mínimo vital para dar mayor bienestar, pero debe ser gradual, sostenido, financiable, sin crear distorsiones”, afirmó.
Otro de los temas desarrollados fue la necesidad de fortalecer la infraestructura pública como complemento indispensable de la inversión privada.
Según explicó, obras como carreteras, líneas de metro y proyectos de conectividad permiten reducir costos logísticos, mejorar la competitividad y elevar la productividad nacional, además de generar empleo directo e indirecto.
“Es necesario que el Estado acompañe en el tema de infraestructura pública para ser más competitivos”, sostuvo, resaltando que estas inversiones también contribuyen al cierre de brechas sociales y territoriales.
En materia de desarrollo social, Arturo García señaló que el crecimiento económico alcanzado por el país durante las últimas décadas permitió importantes avances en reducción de pobreza; sin embargo, reconoció que aún persisten desafíos en salud, nutrición y acceso a servicios básicos.
“Todavía hay brechas sociales en muchos sectores”, expresó al referirse a problemas como la anemia y la desnutrición infantil, indicando que requieren una gestión pública más eficiente y recursos sostenibles.
Asimismo, destacó la importancia de modernizar el Estado mediante procesos de simplificación administrativa y transformación digital.
“Es importante reducir la tramitología en todos los niveles”, afirmó, señalando que los excesivos procedimientos burocráticos retrasan inversiones y afectan la competitividad del país.
Añadió que la digitalización de los servicios públicos permitirá mejorar la eficiencia estatal, reducir costos y facilitar el acceso de los ciudadanos a servicios como salud, educación y trámites administrativos.
Otro aspecto abordado fue el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas mediante las compras públicas. García explicó que el Estado debe aprovechar su capacidad de contratación para impulsar el crecimiento empresarial, siempre acompañado de mejoras en productividad y competitividad.
“Es importante acompañar de mayor productividad, competitividad, capacitación y automatización de procesos a estos segmentos”, indicó, señalando que ello permitirá consolidar empresas más sólidas y competitivas en el largo plazo.
Finalmente, el economista enfatizó que el crecimiento sostenido del país dependerá, en gran medida, de preservar un entorno favorable para la inversión privada.
“Para promover la inversión privada lo que hay que ver es estabilidad a largo plazo; estamos hablando de un marco jurídico estable, instituciones del Estado estables e independientes y funcionarios técnicos, eficientes y honestos”, expresó, destacando además la importancia de fortalecer la meritocracia en la administración pública.
Asimismo, recordó que el sector privado constituye el principal motor del empleo en el país. “El 80% de la inversión total es inversión privada”, subrayó, precisando que el desarrollo económico sostenible requiere reglas claras, seguridad jurídica y un Estado que acompañe, mediante infraestructura y eficiencia institucional, la generación de nuevas inversiones.
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