Carhuaricra sostuvo que las nuevas autoridades deben asumir sus
funciones con una visión clara de desarrollo, que no se limite a cumplir
procedimientos administrativos ni a ejecutar obras, sino que contribuya a
dinamizar la economía y generar empleo, especialmente para los jóvenes.
Para Carhuaricra, uno de los principales riesgos de la gestión municipal
es que las autoridades se concentren en las tareas administrativas y pierdan de
vista los objetivos de desarrollo de sus localidades.
En ese sentido, señaló que los alcaldes deben contar con una estrategia
que oriente sus decisiones y les permita ir más allá de la prestación de los
servicios básicos.
“Yo creo que deben tener una visión del desarrollo de su localidad”.
El especialista también recomendó a las nuevas autoridades buscar
asesoramiento de profesionales con experiencia en gestión pública municipal,
especialmente cuando su trayectoria proviene principalmente de la
representación social o dirigencial.
Explicó que, además de garantizar servicios como la limpieza pública, el
mantenimiento de áreas verdes y el orden del transporte urbano, los gobiernos
locales deben identificar oportunidades para dinamizar sus economías.
“Más allá de las obras, buscar, por ejemplo, promover su distrito, su
ciudad, sus centros turísticos y [...] hacer de que existan oportunidades de
empleo dentro de su jurisdicción, sobre todo para los jóvenes”.
Desde su perspectiva, la gestión municipal debe combinar la ejecución de
infraestructura con iniciativas que promuevan la actividad productiva y amplíen
las oportunidades laborales.
Carhuaricra explicó que fondos como el canon y las regalías mineras
pueden contribuir a desarrollar otras actividades económicas. Para el caso de
Pasco, destacó la importancia de impulsar el sector agropecuario.
“El sector agropecuario genera alimentos de pan llevar de todos los
días, genera mayor número de empleo rural formal y también genera muchas
iniciativas familiares de emprendimiento”.
El excongresista señaló que la agricultura, la ganadería, la artesanía,
el turismo y la recuperación forestal pueden contribuir a diversificar las
economías locales y generar oportunidades para las familias.
Carhuaricra consideró que el proceso de descentralización requiere una
mayor articulación entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las
municipalidades.
Durante la entrevista, planteó que la coordinación entre autoridades
debe permitir que las necesidades de las localidades se incorporen en una
agenda de desarrollo más amplia.
“La expectativa es que estas nuevas autoridades vayan a un encuentro y,
al ir a un encuentro, vayan a una unidad de acción en favor del desarrollo
desde las localidades al contexto nacional”.
Asimismo, señaló que las organizaciones que agrupan a las
municipalidades deben recuperar protagonismo para representar los intereses de
los gobiernos locales ante las instituciones nacionales.
Entre ellas, mencionó a la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE)
y a la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe).
Para Carhuaricra, fortalecer estos espacios de coordinación permitiría
que las autoridades negocien y planteen propuestas de manera conjunta, en lugar
de acudir individualmente al Ministerio de Economía y Finanzas para solicitar
recursos.
Otro de los problemas abordados fue la limitada capacidad de algunas
municipalidades para ejecutar sus presupuestos. Carhuaricra advirtió que los
bajos niveles de ejecución pueden reflejar dificultades de planificación y
gestión, especialmente cuando se aproxima el cierre del año fiscal.
En ese contexto, recomendó que las nuevas autoridades preparen sus
proyectos de inversión desde el inicio de su mandato y establezcan una
planificación que permita avanzar oportunamente con las obras.
También planteó que los créditos suplementarios aprobados a mitad de año
se destinen prioritariamente a continuar y culminar proyectos que ya están en
marcha, en lugar de iniciar nuevas obras que podrían quedar inconclusas.
“No debe haber crédito suplementario para iniciar nueva obra a medio
año, sino que se le debe facilitar nuevos recursos a las municipalidades [...]
exclusivamente para avanzar, para continuar y concluir en ese año la obra
respectiva”.
La propuesta busca reducir el riesgo de que las inversiones públicas
queden paralizadas y asegurar que los recursos adicionales contribuyan a
terminar proyectos que ya benefician, o deberían beneficiar, a la población.
Las cifras de ejecución presupuestal mencionadas durante la entrevista
corresponden al momento en que se realizó el programa y deben contrastarse con
la información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas antes de su
publicación.
Carhuaricra también abordó las dificultades relacionadas con la
supervisión de las obras públicas y la prevención de posibles actos de
corrupción.
A su juicio, es necesario garantizar una mayor independencia entre las
entidades que ejecutan los proyectos y aquellas que deben supervisarlos.
Advirtió que, cuando existe una relación demasiado estrecha entre ambas partes,
pueden surgir conflictos de interés que debiliten los controles.
“El supervisor no sea el que está al costado de la ejecutora, sino debe
ser un grupo de profesionales ajenos a los intereses de la empresa ejecutora”.
Como alternativa, propuso evaluar la creación de una instancia nacional
especializada en supervisión de obras y fortalecer la coordinación con la
Contraloría General de la República.
El objetivo, explicó, debe ser contar con controles efectivos que
permitan prevenir irregularidades sin generar demoras innecesarias en la
ejecución de los proyectos.
También destacó la importancia de reforzar la rendición de cuentas ante
la ciudadanía, de modo que la población conozca los resultados de las
auditorías y las acciones realizadas por las oficinas de control interno de las
municipalidades y los gobiernos regionales.
En relación con las diferencias presupuestales entre municipalidades,
Carhuaricra propuso elaborar un ranking que permita identificar cuáles reciben
mayores ingresos y cuáles cuentan con menos recursos para atender las
necesidades de sus territorios.
Según su planteamiento, las municipalidades con menores ingresos
deberían tener prioridad para acceder a transferencias adicionales del Gobierno
nacional, especialmente cuando necesiten recursos para culminar obras
pendientes.
“A los que están recibiendo menos son los únicos que deben recibir las
transferencias del gobierno nacional a medio año mediante los créditos
suplementarios”.
El excongresista precisó que estos recursos deberían destinarse
exclusivamente a continuar y terminar proyectos existentes, y no a iniciar
nuevas obras a mitad del año.
La propuesta apunta a reducir las desigualdades en la capacidad de
inversión municipal y a mejorar el uso de los recursos públicos disponibles.
Para el especialista, la gestión pública necesita comprender tanto las
decisiones políticas como los mecanismos económicos que permiten generar
oportunidades y distribuir los recursos.
Por ello, invitó a las nuevas autoridades a ser receptivas con los
profesionales de la economía y aprovechar sus conocimientos para diseñar
políticas que respondan a las necesidades de cada localidad.
Si quieres ver el programa completo, haz clic en el siguiente enlace:
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