En los últimos años la desinformación ha dejado de ser un tema de orden marginal para convertirse en un desafío integral que amenaza muchas veces la propia estabilidad democrática y la seguridad de la ciudadanía, ya que las noticias falsas, que circulan en las redes sociales y medios de comunicación, hace que nuestra percepción sobre ciertos temas se vea distorsionada y sesgada.
Al respecto, podemos entender por desinformación a la difusión intencionada de información no rigurosa o falsa que busca destruir paulatinamente la confianza pública, distorsionar los hechos, transmitir una determinada forma de percibir la realidad y exacerbar los ánimos con el objetivo de desestabilizar y generar violencia.
Téngase presente que un conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia. Ahora bien, una de los factores que ha propiciado la conflictividad tiene que ver con la desinformación, la misma que ha venido siendo propalada por ciertos sectores (mayormente grupos radicales e ideologizados) interesados en evitar que los proyectos extractivos y de inversión puedan ejecutarse.
Buena parte de esos grupos o sectores opositores están identificados con posiciones ideológicas extremas, las mismas que entienden a las inversiones y la propiedad privada como enemigos a los cuales tienen que exterminar. Es en ese afán es que estos grupos radicalizados utilizan la desinformación como un instrumento para poder lograr sus propósitos; esta desinformación muchas veces es acompañada por actos de hostigamiento y acoso contra medios de comunicación y técnicos acusándolos de “vendidos” a las empresas mineras o al gran capital.
Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que existen algunas empresas mineras que no han cumplido con su compromiso de apoyar y financiar a las comunidades locales en los temas de capacitación e inclusión laboral para los residentes de dichas zonas de influencia. Asimismo el propio gobierno, en sus distintos niveles, durante años se ha desentendido de los reclamos y demandas de esas comunidades lo cual termina incrementando el descontento y desconfianza hacia los proyectos extractivos.
Cabe mencionar que muchas de las movilizaciones y la campaña de desinformación terminan siendo financiados por sectores ilegales, es decir por actividades ilícitas como la minería ilegal y el propio narcotráfico, los cuales dan apoyo económico para que se pueda montar todo un aparato de desinformación, esto con el aparente propósito de hacer que las empresas o inversiones formales no puedan realizar su labor en dichas zonas, dejando así el espacio libre para estas actividades ilegales.
En esa línea, la lucha contra la desinformación tiene que ser un tema de prioridad en este siglo XXI, esto para poder mitigar eficazmente estas tendencias de desinformación e intentar construir confianza y dotar de información contrastada y de evidencia a los diferentes actores sociales, medios, instituciones y así generar un escenario informativo más claro que nos permita a todos tomar decisiones en base a información fiable.
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