Gonzales explicó que el conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz han generado una fuerte presión sobre el precio internacional del petróleo. Según detalló, el Brent se mantiene actualmente entre los US$80 y US$90 por barril, debido a las restricciones en el tránsito de crudo por esta zona estratégica.
Este escenario tiene una repercusión directa sobre el mercado peruano, que presenta una alta dependencia de las importaciones de petróleo. Gonzales señaló que el Perú produce alrededor de 30.000 barriles diarios, mientras que el consumo bordea los 300.000 barriles, por lo que el incremento de las cotizaciones internacionales termina trasladándose al precio de los combustibles.
“La transmisión del costo de los combustibles es directa al consumidor”, sostuvo.
El especialista llamó la atención sobre la diferencia entre los precios de los combustibles en Perú y Estados Unidos. Explicó que, mientras el galón promedio en Estados Unidos se encuentra alrededor de US$3,50, en el Perú alcanza aproximadamente los US$5,50, pese a que el PBI per cápita peruano representa una fracción del estadounidense.
Para Gonzales, esta situación evidencia la necesidad de atender los problemas estructurales de la industria de hidrocarburos y, particularmente, la situación financiera y operativa de Petroperú.
En ese contexto, destacó que la Refinería de Talara cuenta con una capacidad de refinación de aproximadamente 95.000 barriles diarios, pero actualmente opera por debajo de ese nivel, procesando entre 50.000 y 60.000 barriles.
Respecto a las medidas adoptadas frente al incremento del precio de los combustibles, Gonzales consideró que el subsidio dirigido a los transportistas constituye, en el contexto actual, una alternativa disponible para atender la emergencia, especialmente en la Amazonía.
Explicó que Petroperú cumple un papel particular en esta región debido a que mantiene las cadenas logísticas necesarias para abastecerla de combustibles, mientras que el sector privado no habría mostrado suficiente interés debido a los márgenes de rentabilidad.
Sin embargo, advirtió que el subsidio debe contar con mecanismos de control para garantizar que el beneficio llegue efectivamente a los usuarios.
“Hay que crear los mecanismos de control de que, si se subsidia al transportista, el transportista transfiera el ahorro al usuario”, afirmó.
Gonzales vinculó parte de los problemas que enfrenta Petroperú y el Estado peruano con la inestabilidad política de los últimos años. Señaló que los continuos cambios de gobierno y de funcionarios han afectado la continuidad de las decisiones y la ejecución de proyectos.
“No hay continuidad, porque no hay un gobierno”, sostuvo al referirse a las consecuencias de los cambios políticos sobre la gestión pública.
En su análisis, esta situación también ayuda a explicar por qué existe una diferencia entre el crecimiento de la economía y el incremento del consumo interno de combustibles.
Al abordar directamente el futuro de Petroperú, Gonzales destacó la decisión del actual Gobierno de mantener a la empresa estatal y buscar inicialmente su recuperación operativa antes de considerar una eventual participación privada.
Explicó que el Decreto de Urgencia 003 contempla la posibilidad de obtener hasta US$2.000 millones mediante financiamiento privado, además de un crédito puente de US$500 millones.
Sin embargo, cuestionó que estos recursos todavía no hayan sido ejecutados y consideró necesario resolver las diferencias existentes entre ProInversión y Petroperú para poner en marcha el mecanismo de financiamiento.
“Ahora es cuestión de que se instrumente ese financiamiento por fuentes privadas”, señaló.
El especialista destacó además el retorno de Oliver Stark a la conducción de Petroperú y consideró que su experiencia podría contribuir a ordenar los distintos elementos necesarios para concretar el financiamiento.
Gonzales sostuvo que las actuales condiciones internacionales también pueden representar una oportunidad para mejorar los resultados de Petroperú. Explicó que el incremento del margen de refinación permite que la empresa obtenga mejores resultados operativos, particularmente mediante el procesamiento de crudos pesados.
Según detalló, durante la primera mitad del año el flujo de caja operativo de Petroperú habría alcanzado más de US$400 millones, mientras que su ganancia neta operativa habría superado los US$100 millones.
“Petroperú podría tener un EBITDA de 900 millones de dólares este año”, proyectó, tomando como referencia la evolución del segundo semestre y las condiciones actuales del mercado internacional.
No obstante, aclaró que el resultado final continúa siendo negativo debido a los gastos operativos y financieros que debe afrontar la compañía.
Para Gonzales, uno de los principales pasos para recuperar la estabilidad financiera de Petroperú es modificar el perfil de su deuda, trasladando obligaciones de corto plazo hacia plazos más largos.
“La corporación tiene viabilidad”, afirmó, siempre que se mantengan las condiciones actuales, se reperfile la deuda y se ponga en valor la compañía.
El especialista recordó además que la legislación permite colocar hasta el 49 % del capital de Petroperú, una alternativa que, en su opinión, podría contribuir a poner en valor la empresa.
Según su análisis, una Petroperú con mayor operatividad, acceso al financiamiento y una estructura de deuda adecuada podría recuperar su capacidad de generar resultados positivos.
Gonzales también cuestionó las dificultades generadas por los cambios normativos y las decisiones adoptadas durante los últimos gobiernos. Explicó que los decretos vinculados a la reorganización patrimonial de Petroperú han generado incertidumbre entre los acreedores y han complicado la definición del futuro de la empresa.
A su juicio, el reto actual consiste en ordenar estas disposiciones, establecer una estructura clara y generar las condiciones para que el financiamiento privado pueda concretarse.
En ese proceso, consideró que los acreedores de Petroperú mantienen interés en el futuro de la compañía, especialmente porque las actuales condiciones del mercado internacional pueden mejorar sus perspectivas operativas.
De esta manera, José Gonzales planteó que la recuperación de Petroperú pasa menos por una decisión inmediata de privatización y más por garantizar su operatividad, conseguir financiamiento, reperfilar la deuda y aprovechar el margen de refinación que ofrece el actual contexto internacional. Bajo estas condiciones, consideró que la petrolera estatal todavía puede ser financieramente viable.
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