El economista Carlos Mendiburu, jefe del Departamento de Políticas Estructurales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), explicó en La Hora del Economista, cómo la inseguridad ciudadana genera costos directos e indirectos sobre las empresas, el Estado y las familias.
Mendiburu explicó que la criminalidad puede analizarse desde la economía porque quienes cometen delitos también evalúan los beneficios que pueden obtener frente a los costos y la probabilidad de ser capturados.
“Los criminales lo que hacen es un análisis de los beneficios del crimen versus los costos”.
En ese análisis intervienen factores como las ganancias esperadas de una actividad delictiva, la posibilidad de ser detenido y la pena que podría recibir el delincuente. Por ello, consideró que la lucha contra el crimen debe modificar los incentivos que actualmente hacen atractiva la actividad criminal.
Uno de los principales puntos abordados fue el estudio realizado por Mendiburu junto con los economistas Claudio Alvarado y María Rita Guaranca, que estimó los costos de la inseguridad a partir de información disponible a 2019.
El análisis consideró tanto el gasto de las empresas para protegerse —como equipos de vigilancia, personal de seguridad y cámaras— como el gasto del Gobierno en el sistema policial, judicial y penitenciario.
“La suma de todo eso es un aproximado de 2,2% del PBI en aquel momento”.
El economista precisó que, si ese porcentaje se mantuviera actualmente, representaría alrededor de S/7.500 millones. Sin embargo, advirtió que los datos utilizados corresponden a 2019 y que desde entonces los indicadores de inseguridad han aumentado.
Un estudio del BID con una metodología similar ubica el impacto entre 1,5% y 3,5% del PBI, según explicó Mendiburu.
Más allá de los gastos que pueden contabilizarse directamente, Mendiburu resaltó que existe un costo menos visible: aquello que se deja de producir, consumir o invertir debido a la inseguridad.
“El costo invisible es lo que no se gana, lo que se deja de consumir, lo que se deja de invertir, lo que se deja de producir”.
A ello se suman efectos difíciles de cuantificar, como el deterioro del bienestar y, en los casos más extremos, la pérdida de vidas humanas.
Por esta razón, sostuvo que las estimaciones disponibles deben entenderse como una referencia y que el costo real de la inseguridad podría ser mayor.
Respecto al crecimiento de la extorsión, el economista explicó que una de sus particularidades es el bajo costo que requiere para ser ejecutada. Un celular y una cuenta para recibir depósitos pueden ser suficientes para iniciar este tipo de actividad.
La amenaza y las agresiones posteriores cumplen además una función de intimidación que lleva a otros afectados a continuar pagando.
Para enfrentar este fenómeno, Mendiburu planteó incrementar la probabilidad de captura, fortaleciendo las capacidades de identificación, investigación e inteligencia.
“Lo que se tiene que hacer [...] es atacar justamente la probabilidad de captura para poder elevarla, para poder hacer más fácil identificar, capturar y luego, obviamente, establecer las condenas que correspondan para los criminales”.
Como referencia, mencionó el caso de Kenia, donde un sistema de denuncias anónimas mediante WhatsApp permitió enviar videos e información y contribuyó al aumento de capturas por delitos criminales.
Para Mendiburu, la estrategia contra la inseguridad no puede limitarse al ámbito policial. También debe generar mejores condiciones económicas para que una actividad formal resulte más atractiva que el crimen.
“La idea es modificar todo el sistema de incentivos para que sea más conveniente, más rentable, si quieres ponerlo en esos términos, para una persona que, en vez de dedicarse al crimen, se dedique a una actividad formal”.
Esto implica mejorar el empleo, los ingresos y la formalización, al mismo tiempo que se fortalecen la investigación y la inteligencia policial.
El economista remarcó que no existe una única institución capaz de resolver el problema. La respuesta requiere coordinación entre distintas entidades y poderes del Estado.
“La solución no va a salir de una sola persona, va a salir de un montón de investigadores, de gremios, de instituciones que unan esfuerzos para poder arribar a soluciones”.
Mendiburu consideró fundamental actualizar las mediciones sobre el costo de la inseguridad. Explicó que actualmente existen datos más recientes del INEI que podrían permitir replicar y actualizar el estudio realizado por el BCRP.
En ese sentido, planteó que no solo debe medirse cuánto se gasta en seguridad, sino también cuánto se evita perder cuando se reduce la criminalidad.
“No deberíamos únicamente medir cuánto gastamos en seguridad, sino también medir con eso cuánto evitamos en pérdidas por inseguridad, por crimen, por inversiones no realizadas, por consumos desviados a otras actividades, por negocios que no se pusieron”.
También destacó la necesidad de mejorar la calidad y coordinación de las fuentes de información para acercar las mediciones a la realidad y facilitar la formulación de políticas públicas.
Otro de los puntos destacados de la entrevista fue la relación entre inseguridad, inversión y crecimiento. Mendiburu explicó que una investigación basada en datos del Fondo Monetario Internacional analizó el efecto de una reducción de la tasa de homicidios sobre el crecimiento potencial de largo plazo.
Para el caso peruano, señaló que reducir la tasa de homicidios de 8 a 5 por cada 100 mil habitantes, nivel considerado como promedio mundial en el estudio citado, podría incrementar el crecimiento potencial del PBI en 0,1% anual.
Finalmente, el economista insistió en dos líneas de acción: mejorar el mercado laboral para generar oportunidades, especialmente para jóvenes en situaciones vulnerables, y elevar la probabilidad de captura mediante una investigación policial más coordinada y eficaz.
Asimismo, advirtió que la captura de un delincuente no debe significar el final de la investigación, pues las organizaciones criminales pueden reemplazar a quienes son encarcelados.
“No basta con la captura y poner en la cárcel al delincuente. ¿Por qué? Porque el mercado puede finalmente reemplazar al delincuente que está en la cárcel o el delincuente desde la cárcel”.
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