Para Muñoz, la delincuencia no puede analizarse al margen de la economía, ya que incluso quienes cometen delitos evalúan costos, beneficios y probabilidades antes de actuar.
“La criminalidad también hace sus evaluaciones y probabilidades y su costo de oportunidad. Ellos ven cuál es la probabilidad de ser detenidos, incluso ven su costo-beneficio”.
En ese sentido, sostuvo que combatir la inseguridad requiere ir más allá del incremento del patrullaje. A su juicio, hace falta inteligencia para identificar y localizar los focos donde operan los delincuentes.
“No basta con aumentar la cantidad de policías ni patrullaje con tanques en la calle, sino que falta inteligencia para poder diseñar los focos donde están localizados los delincuentes”.
Uno de los principales aspectos abordados durante la entrevista fue el costo que representa la criminalidad para la economía peruana. Muñoz señaló que, según estudios, su impacto se encontraría entre el 1,7% y el 3% del PBI.
“Va un rango del 1,7% al 3%. Eso es mucho dinero, es demasiado”.
El economista explicó que este costo no recae únicamente en el Estado. Las empresas también deben destinar recursos para protegerse, mediante seguridad, cámaras, rejas y otros mecanismos que incrementan sus gastos y reducen sus márgenes de ganancia.
“Mayores costos, gastos. Porque eso no es una inversión, son gastos, no regresa”.
Según detalló, el impacto sería especialmente fuerte para las micro y pequeñas empresas, que cuentan con menos capacidad para asumir estos costos adicionales. Asimismo, estimó que el Estado destina alrededor de 0,7% del PBI, mientras que el sector privado gastaría cerca de 1,5% del PBI en protección frente a la inseguridad.
Muñoz advirtió que el aumento de los gastos vinculados a la seguridad termina afectando la capacidad de las empresas para crecer, pues los recursos que podrían utilizarse para ampliar operaciones o desarrollar nuevos proyectos deben destinarse a protegerse.
“Reducción de los márgenes de ganancias. Pues se me está yendo en gastos, no es una inversión. Claro, reduce mi margen de ganancia y puede llegar un momento en que me frena planes de desarrollo”.
El impacto, además, termina trasladándose a los consumidores. El economista explicó que algunos costos asociados a la inseguridad ya forman parte de los precios de determinados servicios y actividades.
“El consumidor también se ve afectado porque está recibiendo un servicio a alto costo o a costos más altos”.
En términos generales, Muñoz señaló que se ha estimado un impacto total de aproximadamente S/20 mil millones anuales asociado a la inseguridad.
Frente a este escenario, el especialista consideró que una de las principales deficiencias está en la ausencia de un plan estratégico y táctico desarrollado con participación de distintas disciplinas.
“Falta un plan estratégico y táctico concienzudo que sea realizado por una pluralidad de profesiones”.
En su opinión, los economistas deben participar en el diseño de las políticas de seguridad porque pueden evaluar los efectos que la criminalidad genera sobre la actividad económica. Propuso además involucrar a profesionales de los colegios de Economistas, Ingenieros y Abogados, cada uno desde su ámbito de especialización.
“La prevención, el estudio del impacto económico, deben llevar al Colegio de Economistas, al Colegio de Ingenieros, al Colegio de Abogados también, pero para las sanciones”.
Muñoz también cuestionó que la respuesta frente a la inseguridad se concentre principalmente en el patrullaje y la presencia de militares, pues considera que los delincuentes anticipan las acciones de las autoridades.
“Pero siguen en el error. Creen que con el patrullaje, la salida de los militares... No. Ellos ya saben, ya nos tienen estudiado qué vamos a hacer”.
Durante la entrevista, el economista también explicó el papel de los peritos económico-financieros en las investigaciones relacionadas con el lavado de activos. Señaló que su labor consiste principalmente en seguir la ruta del dinero para identificar su origen y destino.
“El rol, digamos, en cuanto al lavado de activos es identificar, identificar la trazabilidad financiera más que nada”.
Según explicó, las operaciones ilícitas pueden utilizar empresas de fachada, transferencias entre distintas compañías y circuitos financieros destinados a dificultar el seguimiento de los recursos.
En ese contexto, destacó la importancia del conocimiento económico y financiero para analizar operaciones que no necesariamente pueden determinarse únicamente a partir de los registros contables.
“Pero el análisis económico lo hacemos nosotros. Estoy hablando de la trazabilidad del dinero, dónde posiblemente puede... en qué se puede invertir”.
Finalmente, Muñoz resaltó la necesidad de fortalecer el conocimiento especializado dentro del sistema de justicia. Explicó que existe una diferencia entre el análisis contable y el análisis económico, particularmente cuando se busca determinar la trazabilidad de los recursos y realizar estimaciones financieras.
En esa línea, comentó que participa en una capacitación dirigida a magistrados, auxiliares del Poder Judicial y peritos, organizada por la Corte Superior de Justicia de Lima, con la participación de distintos colegios profesionales.
Para el especialista, incorporar distintas disciplinas al análisis de los casos permite aportar elementos que van más allá del registro contable y contribuye a una mejor comprensión de los aspectos económicos vinculados a la administración de justicia.
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