Verme explicó que la productividad agrícola depende
de la interacción entre el clima, el suelo y la biota, por lo que una
alteración importante de las condiciones climáticas puede modificar el
comportamiento de los cultivos.
“Entonces, si ahorita el clima cambia, más
radiación solar, más horas de sol, más lluvia, menos temperaturas en la noche y
más en el día, los suelos también se trastocan y la biota también cambia. Todos
los cultivos van a cambiar.”
El especialista diferenció además los efectos que
podrían presentarse entre la costa y la sierra. Mientras en la costa anticipó
mayor humedad y calor, señaló que en la sierra el escenario estaría marcado por
sequías y nevadas. También advirtió sobre la activación de quebradas y los
daños que las lluvias pueden ocasionar en la infraestructura.
Uno de los puntos centrales de su análisis fue el
impacto diferenciado según el tamaño de las unidades agrícolas. Verme señaló
que los predios de menos de una hectárea concentran a una gran cantidad de
personas vinculadas a la agricultura familiar y que requerirían una
intervención rápida.
Para los predios de entre 1 y 10 hectáreas, estimó
una caída de la producción de entre 40% y 60%, acompañada por un
incremento de costos debido a una mayor presencia de plagas y enfermedades. En
unidades de entre 10 y 20 hectáreas también proyectó menores rendimientos,
mayor costo y deterioro de la calidad, mientras que en las de 20 a 50 hectáreas
el principal impacto sería sobre la rentabilidad.
En el caso de los grandes agroexportadores, señaló
que además de los efectos climáticos tendrán que enfrentar una eventual
coincidencia de sus cosechas con una mayor oferta internacional.
“Y los agroexportadores grandes también meten
recursos, pero van a tener el problema de que las cosechas se les van a juntar
con otras ofertas en el mundo, en otros continentes, y también van a tener
pérdida de calidad y cantidad.”
Verme estimó que las pérdidas podrían superar los US$3
000 millones y consideró necesario implementar un plan de respuesta.
El especialista advirtió que la menor producción
tendría un efecto directo sobre los consumidores, particularmente a través del
incremento de precios.
“Tranquilamente los precios pueden subir hasta un
30% o 40%, dependiendo del producto y del momento.”
Entre los cultivos que identificó como
potencialmente afectados mencionó productos de la agricultura familiar como
papa, maíz, quinua, café y cacao, además de arroz, limón, cebolla y diversas
hortalizas y frutales. Para las unidades de mayor tamaño mencionó cultivos como
palta Hass, espárragos, mango, arándanos y caña de azúcar.
Frente a este escenario, Verme propuso establecer
mecanismos de apoyo diferenciados según el tamaño del productor. Para los
agricultores de menos de una hectárea planteó bonos de emergencia, ollas
comunes y kits de semillas y enmiendas. Para los productores de entre 1 y 10
hectáreas propuso congelamiento de deudas agrarias y kits de control biológico
y fuentes orgánicas.
En los predios de mayor tamaño planteó medidas como
prórrogas tributarias, facilidades aduaneras y apoyo técnico. Según sus
cálculos, para los primeros 90 días se requerirían alrededor de S/600
millones, mientras que entre los 90 y 180 días se necesitarían unos S/870,5
millones. En total, planteó un apalancamiento de aproximadamente S/2 200
millones durante los primeros 270 días, frente a pérdidas que estimó en
unos US$3 200 millones.
Uno de los principales planteamientos de Verme fue
implementar un mecanismo de financiamiento específico para el sector agrícola.
“Por eso hay que hacer un Reactiva Agrario
urgentemente y hacer planes sociales usando lo que tienen las regiones para
mover la economía 5 o 6 meses.”
El especialista sostuvo que este mecanismo debería
involucrar también a los distribuidores de insumos agrícolas, debido al papel
que cumplen en el financiamiento de los pequeños y medianos productores. Planteó
que COFIDE participe en un esquema de Reactiva Perú Agrario y mencionó tasas de
referencia de entre 4% y 5%.
También diferenció el tratamiento de las deudas:
para los pequeños agricultores planteó condonaciones y programas sociales,
mientras que para los medianos y grandes productores propuso aplazamientos y
mecanismos de financiamiento.
Verme consideró que cualquier apoyo estatal debería
evitar la entrega directa de dinero y priorizar la provisión de insumos con seguimiento
técnico.
“No debemos entregar plata en mano, sino insumos
aplicados y hacer seguimiento técnico por partidas.”
En ese sentido, destacó que actualmente existen
herramientas tecnológicas que permiten monitorear las parcelas y verificar el
uso de los recursos. También planteó fortalecer la capacidad de seguimiento del
Ministerio de Agricultura y de los gobiernos locales.
El especialista sostuvo que el cambio climático
también puede abrir oportunidades para determinados cultivos de corta duración
y que existen herramientas agronómicas para reducir los efectos de un evento
como El Niño.
“Hay mucha tecnología para capear El Niño, porque
el clima no lo podemos cambiar, pero la planta y el suelo sí.”
Entre las medidas que mencionó figuran cambios en
las variedades, manejo de plagas, podas, modificación de las distancias entre
plantas y ajustes en la fertilización, además del uso de fuentes orgánicas y un
manejo adecuado del agua y del suelo.
Finalmente, Verme remarcó que la respuesta debe
proteger tanto a los agricultores como a los distribuidores de insumos para
evitar que se interrumpa el funcionamiento de toda la cadena agrícola.
“Es un plan de inversión para no perder ese capital
de trabajo que son los agricultores y los distribuidores.”
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